• Urgen replantear las políticas federales para cumplir con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidas en la Ley General de Cambio Climático.
• Invitan a los poderes a no mirar al cambio climático como un tema de partidos o de coyuntura, y sí como uno de seguridad nacional.
• Exhortan a destinar recursos públicos a políticas climáticas que promuevan el desarrollo sostenible y beneficios sociales, ambientales y económicos.

 

México, D.F., a 25 de septiembre de 2014.A dos años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil ven falta de compromiso de su gobierno para combatir el cambio climático. Así ocurrió, dijeron, durante el proceso reformador en materia energética, la asignación del presupuesto público federal, la planeación estratégica a través de programas y estrategias sectoriales, y la falta de información y participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de las políticas climáticas.

En ese sentido, dichas organizaciones, integrantes del Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático, demandaron de forma contundente al Gobierno mexicano replantear las políticas públicas federales en materia de cambio climático para cumplir con las metas establecidas en la Ley[1] y con los compromisos internacionales adquiridos por el país.

Mariana Castillo, Analista de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que “la reforma energética mantuvo la alta dependencia del país hacia los hidrocarburos y no atiende las necesidades y compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.” Para revertir ello, añadió, “México requiere transformaciones estructurales en su modelo de desarrollo, acelerar la transición energética, impulsar el uso de tecnologías renovables y limpias, y promover la eficiencia energética y el cumplimiento de las metas de energías renovables, entre otros.”

Juan Zúñiga, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó “que la sobrerregulación aplicada por la Semarnat y la Profepa a los productores forestales ha frenado al manejo sustentable de los bosques como estrategia para detener la deforestación y evitar cambios en el uso del suelo. Esto además ha mermado la capacidad de adaptación de los bosques, ya que se frenan acciones de combate a plagas y retiro de materiales combustibles para prevenir incendios forestales.” La sobrerregulación ejercida sobre el sector forestal, agregó, contradice al discurso oficial que pretende hacer frente al cambio climático.

Por su parte, Vania Montalvo de Transparencia Mexicana hizo referencia a que “la creación del Anexo Transversal 15, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación representa un importante avance en términos de transparencia presupuestaria pues busca concentrar la información de todos los recursos federales destinados a atender la problemática del cambio climático. Sin embargo, explicó, es necesario fortalecerlo en la presentación y desagregación de la información; mejorar la metodología que utilizan las dependencias y entidades para establecer qué recursos reportarán en el Anexo; y seguir el ejercicio de dichos recursos. “Sólo así será posible tener claros los criterios con los cuales se asignan los recursos, su nivel de relación y pertinencia con la atención al cambio climático, dar seguimiento al gasto público en todas sus fases y facilitar la medición de su impacto.”

Finalmente, Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lamentó que el Fondo para Cambio Climático, creado para captar y canalizar recursos financieros hacia la ejecución de acciones para enfrentar esa problemática, aún no se haya implementado. Señaló que también está pendiente la publicación del estado en el que se encuentran las reglas de operación del Fondo, mismas que deberían haber sido aprobadas por el Comité Técnico en diciembre de 2012.

Rodríguez recordó que el cambio climático, además de ser un problema ambiental, también es social, económico y de desarrollo. Ello “implica que las políticas climáticas en México tienen que estar alineadas con sus obligaciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos de la población”, afirmó. Asimismo, indicó, “el gobierno tiene la obligación de garantizar la participación y el acceso a la información sobre decisiones que pueden afectar el bienestar de la gente; las políticas climáticas serán efectivas únicamente si son resultado de procesos participativos.”

Por todo lo anterior, las organizaciones del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático solicitaron específicamente que:

• Los poderes, de acuerdo con las atribuciones que les brinda la Constitución, muestren un compromiso real para enfrentar el cambio climático, ya que no es un tema de partidos o coyuntural, sino de seguridad nacional. Se requiere de la atención y acción de todos los grupos sociales, económicos y políticos.
• Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hagan suyas las metas nacionales y adapten su distribución presupuestaria al cumplimiento de las mismas.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desarrolle una metodología de asignación presupuestaria para el Anexo 15 transversal que garantice que los recursos públicos reportados en el mismo se dirijan a acciones con un impacto positivo en la mitigación y adaptación del cambio climático.
• La SHCP incluya un presupuesto mínimo de operación y subsidios para el Programa de Movilidad Urbana Sustentable dentro del ramo administrativo 15 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revise los contenidos del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) para establecer metas más ambiciosas al 2018 y así se alcance la meta de reducción al 2020.
• La Profepa y Semarnat desarrollen acciones congruentes con la política de cambio climático y favorezcan el manejo sustentable de los bosques.
• La Secretaría de Energía establezca compromisos de reducción de emisiones a través de energías renovables sostenibles.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores fomente la congruencia entre la política nacional e internacional y transmita a las dependencias el grado de compromiso que se requiere ante el escenario climático global.
• Las políticas públicas se construyan de forma transparente y con canales y espacios reales de participación ciudadana. De ese modo, se atenderán las necesidades reales de la población y se generarán gobiernos sólidos construidos sobre bases legítimas de cooperación entre sociedad y gobierno.
• Las políticas climáticas protejan los derechos humanos y disminuyan las brechas de desigualdad, ya que el cambio climático no es simplemente un problema ambiental, sino uno que genera impactos sociales y económicos que afectan a toda la población.
• Los recursos públicos se destinen a crear y fortalecer políticas climáticas que promuevan el desarrollo sostenible, así como beneficios sociales, ambientales y económicos.

Para más información contactar:

Andrea Rodriguez, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: arodriguez@aida-americas.org, Tel. 52120141

Juan Zúñiga, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), pdeschamps@ccmss.org.mx, 5663-4037.

Vania Montalvo, Transparencia Mexicana: vmontalvo@tm.org.mx; Tel. 56599177 ext. 113

Aroa de la Fuente de Fundar, Centro de Análisis e Investigación: aroa@fundar.org.mx; Tel. 5554 3001 Ext. 118

Margarita Campuzano, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mcampuzano@cemda.org.mx, Tel. 52863323

Notas para el editor

El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático se constituyó en julio de 2010, en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), celebrada en México. Está integrado por más de diez organizaciones de la sociedad civil y diversos actores mexicanos que comparten la convicción sobre la necesidad de instrumentar políticas públicas integrales que, desde el marco de derechos humanos, la igualdad de género y la sustentabilidad, se dirijan a la mitigación y adaptación del cambio climático.

En esta iniciativa participan: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible(CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable (CTSEMBARQ México), la Fundación Heinrich Böll, Fundar, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y Transparencia Mexicana.

 

 

[1]La Ley General del Cambio Climático estableció metas aspiraciones de reducción, 30 por ciento de sus emisiones para el año 2020, así como un 50 por ciento para el año 2050, en relación con las emitidas en el año 2000.