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Líderes indígenas Yaquis en riesgo de represalias su oposición a la construcción de un acueducto

Amnistía Internacional (AI) se encuentra gravemente preocupada por la seguridad y la libertad de los líderes indígenas Yaquis Mario Luna Romero y Tomás Rojo.

Ambos líderes indígenas forman parte de la comunidad Yaqui de Vicam, en el municipio de Guaymas. Esta comunidad ha protestado contra la construcción del acueducto Independencia. Quienes se manifiestan argumentan que de completarse esta obra que extraería agua del Río Yaqui , pondría en riesgo la subsistencia y forma de vida de la comunidad.

La organización ha tenido conocimiento sobre el inicio de procesos judiciales en contra de los dos activistas y teme que estos procesos estén ocurriendo como represalia a su legítima labor en defensa de los derechos humanos de su comunidad. Los delitos los cuales se los acusa son: ataques a las vías de comunicación en el orden federal y de secuestro en el orden estatal.

El uso sistema de justicia en México para silenciar a quienes se dedican a defender derechos humanos ha sido un abuso recurrente. Integrantes de comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos han sido víctimas frecuentes del uso ilegítimo del sistema de justicia para reprimir a quienes buscan defender sus derechos.

Amnistía Internacional solicita que se den a conocer los fundamentos y avances de las investigaciones en contra de los líderes yaquis y que de concluirse que estás no tienen sustento se desista inmediatamente de procesarles.

Así mismo, la organización llama a las autoridades a respetar el derecho de la comunidad a manifestarse y a escuchar sus peticiones.

Información adicional 

La comunidad ha argumentado que los permisos administrativos para la construcción de este acueducto  fueron otorgados sin la debida información, consulta y participación de la Tribu Yaqui, a pesar de ser detentor de derechos de propiedad sobre el 50% del caudal del Rio Yaqui.

En 2012 la CNDH emitió la Recomendación 37/2012 dirigida a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado, reconociendo la violación de los derechos humanos de la Tribu Yaqui en la licitación y construcción del Acueducto Independencia.